Si Arturo Núñez Jiménez, ex gobernador de Tabasco, no es enjuiciado, se comprobará la hipótesis de que es un “hombre de Estado” que vale por la información que tiene del sistema político mexicano, o de plano se acreditarán acuerdos en lo más sombrío de la pasada elección constitucional.
Muchas versiones del saqueo han circulado, principalmente en redes sociales; se ha dicho que quien más negocios hizo, a través de familiares y amigos, fue Martha Lilia López Aguilera, presidenta del DIF Tabasco.
Quienes hasta el 31 de diciembre de 2018 le rendían pleitesía a la ex primera dama de Tabasco, ahora la critican y comentan abiertamente que “quien mandaba era doña esa” y que su principal operador era el ex secretario de Finanzas, Amet Ramos Troconis, consanguíneo de la esposa de Arturo Núñez.
Lo que antes era solo chisme ahora se empieza a comprobar con declaraciones y testimonios de funcionarios que han empezado a escarbar los archivos administrativos de diferentes dependencias.
Por ejemplo, Fernando Mayans Canabal, director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), de entrada descubrió que el Colegio de Bachilleres (Cobatab) adeuda 800 millones de pesos a la institución a su cargo y que las farmacias de esa institución estaban concesionadas a particulares.
Ese dinero no es del gobierno, es de las aportaciones que el gobierno, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, descuenta a los trabajadores para financiar al ISSET, a fin de que estos cuenten con servicios médicos, entre otras prestaciones. Si el dinero no existe quiere decir que la administración pasada le robó vil y descaradamente a los burócratas.
Emilio de Ygartua y Monteverde, quien sucedió a Jaime Mier y Terán en el Cobatab, aclaró que los dineros le fueron retenidos por Amet Ramos y nunca se le entregaron para cumplir con el pago respectivo. Entonces ¿quién es culpable?
En la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Tabasco hay otra evidencia del crimen en contra del presupuesto público, pues el ex titular de esa dependencia, Wilber Méndez Magaña, interpuso dos denuncias penales, por cierto, una de ellas involucra directamente a su antecesor Gustavo Rodríguez Rosario, por el desvío de varios millones de pesos del Fideicomiso para el Desarrollo de las Empresas de Tabasco (Fidet).
Pasaron dos cosas en esa institución según Méndez Magaña: primero hubo omisión de la ex contralora Lucinia Tamayo, y, segundo, no interpuso las denuncias penales antes porque de plano no confiaba en el ex procurador Fernando Valenzuela Pernas. Creía que le darían carpetazo al asunto, archivarían el expediente y muy probablemente tomarían represalias en su contra.
“Huye el impío sin que nadie lo persiga”, establece la escritura. Esto fue lo que pasó con el ex secretario de Salud del estado de Tabasco, Rommel Cerna Leeder, quien acudió al Juzgado Cuarto de Distrito a solicitar un amparo, según el expediente 09/2019, sin que hasta este momento se conozca demanda alguna en su contra.
Ahí quizá cobre relevancia la versión de que la Secretaría de Salud fue como “la caja (no tan) chica” de quienes ocuparon la titularidad de la dependencia, pues se compraron medicamentos a sobreprecio y éstos eran como quien dice espirituales, porque jamás se materializaron en los almacenes de los hospitales.
En Educación corresponde a Guillermo Narváez revisar meticulosamente la administración de la secretaría que acaba de recibir y actuar conforme a la ley en contra de los responsables, si existen, porque está en juego su prestigio y su buena fama, pues allí se presume que el saqueo fue imponente durante el sexenio de Arturo Núñez Jiménez.
Sassón
Estoy convencido de que el peor gobierno se hace con funcionarios leales pero incapaces.
