Si bien es cierto que las autoridades de Seguridad Pública han repetido constantemente que la delincuencia ha disminuido en Tabasco, no puede negarse, de igual manera, que los agentes de la Policía Estatal de Caminos (PEC) en Villahermosa se han convertido en una verdadera pandilla motorizada y uniformada que, con las armas que el poder del gobierno actual les otorga, literalmente asaltan a automovilistas que circulan por las calles de la capital tabasqueña.
A nuestra redacción han llegado, por diferentes medios virtuales, mensajes de personas que se quejan del mal proceder de agentes que debieran prevenir faltas y no esconderse en los cruceros para ver quién se pasa el semáforo, no en alto, sino en luz ámbar, para salir en su persecución como perros de presa y morderlos hasta desgarrarles 200 o 300 pesos de sus raquíticas carteras.
Un ciudadano en su mensaje señala que por tomar su teléfono para ver la hora cuando conducía su auto por el malecón Carlos A. Madrazo, desafortunadamente lo vio un motociclista, lo detuvo, le pidió sus documentos y lo infraccionó, según él porque iba usando su equipo de comunicación. El ciudadano prefirió la infracción que darle dinero, pues para los “tránsitos” no hay argumento de defensa que valga.
En otro envío ciudadano a Democracia virtual, nos dicen: En Villahermosa, choferes y automovilistas viven a diario el hostigamiento de retenes por toda la ciudad, de policías y agentes viales, patrullas y grúa lista para arrastrar a quien se resista. Las quejas van en aumento tanto de propios, como de visitantes por tan buen "recibimiento"...
“Por una pequeña fractura en el parabrisas -dice uno de nuestros lectores en su carta-, la cual fue causada por “un chinazo” en la carretera, tengo que dar cien o 200 pesos cada vez que ilegalmente me detienen. Ya me cansé de veras”.
Los agentes andan actualmente por todas partes en la ciudad de Villahermosa, pero no para resguardar el orden o agilizar el tránsito vehicular en donde se generan los congestionamientos; no, eso a ellos no les importa. Ahí tenemos el crucero de prolongación de Mina y Ruiz Cortines, por ejemplo, donde se hacen extraordinarias filas por las obras que aún no se terminan y ni siquiera hay un elemento de la PEC para desahogar el tráfico.
En gobiernos anteriores se quejaban de no trabajar con eficiencia porque no tenían gasolina para salir a patrullar, y ahora que el gobierno de Adán Augusto López Hernández, de Morena, de la Cuarta Transformación, les da el combustible para que se “muevan” por todos lados, traen una cacería contra el pueblo que, harto ya de tanto abuso, amenaza con empezar a manifestarse y evidenciar, no a los agentes de tránsito, sino al gobierno que permite estas arbitrariedades cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador lucha incansablemente por combatir y erradicar la corrupción del país y, por supuesto, del estado de Tabasco que lo vio nacer.
La pandilla de agentes busca cualquier pretexto para detener a choferes y automovilistas y, al estilo del extorsionador más profesional, torturan sicológicamente a su víctima. Si tiene la licencia vencida amenazan con infraccionarlo; si sus documentos son de otro estado lo intimidan con “detener y encerrarle su vehículo”, con tal de que la persona les suplique que por favor no lo hagan, a cambio de una cantidad económica que en ese mismo momento se pacta.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en el artículo 16, que: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. Esto para ellos y para Julissa Riveroll Ochoa, directora general de la PEC, es letra muerta.
¿Por qué omiten lo que reza el artículo 16? Porque el ciudadano común no sabe que puede recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, poner su demanda e iniciar un proceso legal que con toda seguridad va a ganar. Solamente tendría que contar con la disposición y el tiempo para llevar sus alegatos; y, si no tiene los recursos financieros para pagar un abogado, el Estado tiene la obligación de proporcionarle un defensor de oficio.
Es increíble que en tiempos de la 4T, injustamente se infraccione a la gente porque no le da su “moche” a estos irresponsables servidores públicos. Ahora que hay pandemia, que la gente ha perdido su empleo, que los negocios han cerrado, que el dinero escasea, es cuando más abusan para lacerar la economía del pueblo.
En conclusión, en Villahermosa ya la gente que maneja un automóvil no sabe si cuidarse de los delincuentes o de los policías que dejaron de ser preventivos y se convirtieron en una pandilla de asaltantes motorizada, y lo que es peor, con uniforme, armas y la complacencia de Julissa Riveroll Ochoa y el gobernador Adán Augusto López Hernández.
