La semana anterior que el INEGI dio a conocer que de junio a septiembre pasados en Villahermosa había caído la percepción de inseguridad en la capital tabasqueña, la noticia fue descalificada de inmediato. Apenas se difundió, batallones de 'troles' se posicionaron de las redes sociales descalificando el estudio científico del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática.
Aunque hay "datos duros" para asegurar que ha mejorado la seguridad en el estado, la administración del morenista Adán Augusto López Hernández lleva perdida la batalla para comunicar en este rubro.
De acuerdo con información que aparece en la página de la Fiscalía General del estado, de enero a septiembre de este año se registró una disminución del 20.5 por ciento en delitos de impacto social, en relación con el mismo periodo de 2018.
Esto significa que se cometieron tres mil 426 delitos menos. Una baja sensible.
En un desglose, de los 11 delitos que se consideran prioritarios para el gobierno, solo dos han registrado una tendencia al alza: homicidio doloso y violación.
Los otros nueve tienen disminuciones importantes, como por ejemplo el robo de vehículos con 41.4 por ciento y secuestro con 65.5 por ciento.
Que este último haya caído 65.5 por ciento en un suceso destacado, pues este flagelo ha provocado la creencia de que la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en los mismos niveles de inseguridad que en el norte del país.
Estos números, que son oficiales y, por tanto, están sustentados, sin embargo, difícilmente podrán ser creídos por la ciudadanía.
La disminución de ilícitos sensibles puede ser la razón por la que el INEGI encontró que los habitantes de Centro ya se sienten más seguros en la capital choca.
No obstante, esa mejoría no se ha visto reflejada en el sentir de los tabasqueños, debido a que el régimen no ha sabido aterrizar las estadísticas que le favorecen.
De acuerdo con observadores, el régimen tabasqueño no ha sabido hacer llegar sus logros a la ciudadanía, ya que no ha conformado un equipo de comunicación política que sepa poner en los ojos y oídos de sus cogobernados noticias positivas como el resultado que ha logrado en la FGE a cargo de Jaime Lastra Bastar.
¿DELITOS ELECTORALES?
El Gobierno de Tabasco demandó penalmente a la delegada de Liconsa, Edith Villarreal Ugarte, y otros exfuncionarios federales por presuntamente condicionar la entrega de apoyos de los programas sociales a ciudadanos.
El coordinador de Asuntos Jurídicos de la administración, Guillermo del Rivero León, acudió ayer a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia en contra la citada funcionaria y del exdelegado de Sedesol, Héctor Raúl Cabrera Pascacio.
Del Rivero León apuntó que hay más actores políticos involucrados en este asunto, por lo cual se pidió la prisión preventiva para los funcionarios señalados.
Aseveró que se presentó ante la Fiscalía pruebas como audios y videos para demostrar que los acusados están usando con fines políticos su condición de servidores públicos.
PARA SU INFORMACIÓN…
AL DIPUTADO FEDERAL morenista Manuel Rodríguez González sus adversarios priístas lo responsabilizan de algunos ataques en redes sociales que provienen del equipo de una legisladora local de su partido, y a manera de desquite lo han comenzado a investigar en temas de su vida privada relacionados con esa guerra en Twitter. Por lo pronto ya le preparan la respuesta.
