/ jueves 19 de marzo de 2020

De Primera Mano | Política contra el coronavirus

Quizá porque no dimensionan el tamaño del boquete que le puede causar a Tabasco el coronavirus, algunos políticos criollos han optado por mantener su actitud beligerante contra el Estado antes de sumarse a los trabajos para tratar de aminorar el impacto.

Acaso sin pretenderlo, el martes la diputada priísta Minerva Santos sintetizó lo que significar oponerse por oponerse al ‘establishment’, cuando manifestó de manera ruidosa su inconformidad por la determinación de la Junta de Coordinación Política del Congreso local de suspender las sesiones abiertas al público.

Antier, durante la junta ordinaria de la Cámara de Diputados, la parlamentaria manifestó su molestia porque Morena hizo valer su mayoría en la Jucopo para evitar que la gente siga asistiendo a los debates.

Santos decía que los 35 congresistas tenían que haber estado de acuerdo para que el Legislativo implementara esa medida para contener el contagio por el virus que vino de China.

El coordinador parlamentario priísta, Gerald Whasington Herrera, fue más allá y pidió que la administración del morenista Adán Augusto López Hernández diera una licencia con goce de sueldo hasta el 30 de abril a sus trabajadores adultos mayores y a las embarazadas.

En la ‘etapa 1’ en que se encuentra México ante esa pandemia esa medida no está contemplada.

Pero el exdirigente universitario se encarreró y de una vez por todas demandó que el Gobierno exentara ¡por adelantado! del pago de impuestos a los empresarios ante el problema que se avecina.

Ninguna de las peticiones de Herrera tiene sustento técnico, como tampoco se soporta en la razón la petición de Minerva Santos de que no debieron suspenderse las sesiones públicas en la Cámara porque Morena no lo consultó con los 35 miembros.

De la misma manera, la dirigente cenecista exigió que se cancelaran las clases desde el martes, cuando la propia Secretaría de Educación Pública federal determinó que la suspensión de clases será hasta el próximo viernes.

La demanda opositora de que el gobernador Adán Augusto López Hernández cancele sus giras también se encuentra en el terreno de la política, ya que, de acuerdo con los protocolos, hasta ayer a las 14:00 horas Tabasco estaba libre de la enfermedad, y no había riesgo por aún estar el país en la ‘etapa 1’ de la emergencia.

Al mismo tiempo, mientras el Edén se apresta a dar la batalla contra la que se considera que puede convertirse en la nueva peste mundial, los políticos se han adueñado de las herramientas virtuales para desinformar en torno al tema.

Con noticias falsas actores públicos conocidos están infundiendo miedo a la ciudadanía, acaso con la intención de generar un caos social que le explote a la administración.

A la fecha ningún político contrario al Gobierno ha salido a proponer un trabajo común con las autoridades para enfrentar el riesgo sanitario.

Tal pareciera que la apuesta es que el COVID-19 rebase a las instituciones para poder culpar al régimen de lo que acontezca en las próximas semanas.

Y es que es un hecho que si el Gobierno no logra contener el mal presagio que se avecina, las protestas ciudadanas pueden ser masivas y, por ende, cambiar el curso de la historia.

Quizá porque no dimensionan el tamaño del boquete que le puede causar a Tabasco el coronavirus, algunos políticos criollos han optado por mantener su actitud beligerante contra el Estado antes de sumarse a los trabajos para tratar de aminorar el impacto.

Acaso sin pretenderlo, el martes la diputada priísta Minerva Santos sintetizó lo que significar oponerse por oponerse al ‘establishment’, cuando manifestó de manera ruidosa su inconformidad por la determinación de la Junta de Coordinación Política del Congreso local de suspender las sesiones abiertas al público.

Antier, durante la junta ordinaria de la Cámara de Diputados, la parlamentaria manifestó su molestia porque Morena hizo valer su mayoría en la Jucopo para evitar que la gente siga asistiendo a los debates.

Santos decía que los 35 congresistas tenían que haber estado de acuerdo para que el Legislativo implementara esa medida para contener el contagio por el virus que vino de China.

El coordinador parlamentario priísta, Gerald Whasington Herrera, fue más allá y pidió que la administración del morenista Adán Augusto López Hernández diera una licencia con goce de sueldo hasta el 30 de abril a sus trabajadores adultos mayores y a las embarazadas.

En la ‘etapa 1’ en que se encuentra México ante esa pandemia esa medida no está contemplada.

Pero el exdirigente universitario se encarreró y de una vez por todas demandó que el Gobierno exentara ¡por adelantado! del pago de impuestos a los empresarios ante el problema que se avecina.

Ninguna de las peticiones de Herrera tiene sustento técnico, como tampoco se soporta en la razón la petición de Minerva Santos de que no debieron suspenderse las sesiones públicas en la Cámara porque Morena no lo consultó con los 35 miembros.

De la misma manera, la dirigente cenecista exigió que se cancelaran las clases desde el martes, cuando la propia Secretaría de Educación Pública federal determinó que la suspensión de clases será hasta el próximo viernes.

La demanda opositora de que el gobernador Adán Augusto López Hernández cancele sus giras también se encuentra en el terreno de la política, ya que, de acuerdo con los protocolos, hasta ayer a las 14:00 horas Tabasco estaba libre de la enfermedad, y no había riesgo por aún estar el país en la ‘etapa 1’ de la emergencia.

Al mismo tiempo, mientras el Edén se apresta a dar la batalla contra la que se considera que puede convertirse en la nueva peste mundial, los políticos se han adueñado de las herramientas virtuales para desinformar en torno al tema.

Con noticias falsas actores públicos conocidos están infundiendo miedo a la ciudadanía, acaso con la intención de generar un caos social que le explote a la administración.

A la fecha ningún político contrario al Gobierno ha salido a proponer un trabajo común con las autoridades para enfrentar el riesgo sanitario.

Tal pareciera que la apuesta es que el COVID-19 rebase a las instituciones para poder culpar al régimen de lo que acontezca en las próximas semanas.

Y es que es un hecho que si el Gobierno no logra contener el mal presagio que se avecina, las protestas ciudadanas pueden ser masivas y, por ende, cambiar el curso de la historia.