Para remachar en el imaginario colectivo que Arturo Núñez Jiménez es protegido por la llamada ‘Cuarta transformación’, el gobernador Adán Augusto López Hernández se manifestó en contra de un plebiscito para determinar si el perredista es denunciado penalmente, y pidió a los actores políticos que promueven ese acto ciudadano que si tienen pruebas las presenten.
"Pues no hace falta ninguna consulta, si los señores diputados o dirigentes (del PRI) tienen algún elemento, que (entonces) acudan a Fiscalía (General del estado); esa es la obligación de quien tenga elementos para presentar denuncias”, dijo, en abierta oposición a que el esposo de Martha Lilia López Aguilera corra la misma suerte que los ex presidentes en cuanto al referéndum promovido por Morena para determinar si son enjuiciados.
Según el sucesor de Núñez, a este “solo hace falta denunciarlo con pruebas”, por lo que no es necesario que el Revolucionario Institucional recaude firmas para que las autoridades lo sindiquen.
López Hernández explicó que se trata de dos procesos diferentes: mientras que a los ex mandatarios del país solo se les puede juzgar por traición a la patria, a los ex gobernadores sí se les puede fincar responsabilidades por corrupción.
En el caso del primer gobernador tabasqueño que llegó a la ‘Quinta Grijalva’ por el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, aunque no ganó en 2012, sí arrastró lo suficiente al perredista para entronarlo en ‘Plaza de Armas’, el segundo mandatario que llega de la mano de AMLO reclama “pruebas” a quienes acusan a aquel.
Las “pruebas” que les exige López Hernández a los priístas deben ofrecerlas a la FGET los diputados a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), y el poder Legislativo y ese órgano están bajo el control del partido gobernante.
Más aún: fue Adán Augusto quien, desde antes que rindiera protesta del cargo, empezó a dar a conocer la descomposición administrativa que había encontrado apenas se estableció la comisión de enlace entre el régimen en funciones y el que llegaba.
La venta a precio “inflado” del terreno en Paraíso donde se establecería la Zona Económica Especial –que finalmente fue cancelada– y el pago de 80 millones de pesos a un solo proveedor de medicinas el 31 de diciembre de 2018, por citar solo dos casos, fueron temas que López Hernández puso en la agenda pública de la entidad.
Que el jefe del Ejecutivo le requiera a los actores políticos las “evidencias” para denunciar a Núñez resulta penoso, por decir lo menos, pues para eso existen instituciones encargadas de revisar las cuentas públicas, y en ese sentido al ejercicio fiscal de 2018 del marido de Martha Lilia se le detectó una “irregularidad” por casi cinco mil millones de pesos.
La postura del morenista a cargo del Ejecutivo local, más bien, parece ser una “medición” para registrar cómo va a tomar la ciudadanía que quede sin castigo el perredista al que considera el peor “ladrón” de todos los tiempos del erario tabasqueño.
Por lo pronto, luego de que esta semana arrancara oficialmente el proceso electoral del año próximo, se pudo constatar que el nombre de Arturo Núñez será tema central en los comicios intermedios, cuando se consolide o se aborte el proyecto de Morena para 2024.
PARA SU INFORMACIÓN…
LA SOLCITUD DEL tricolor de someter a juicio político a Núñez podría desandar las pláticas con el PRD con miras a una alianza electoral en 2021.
