No servirá de nada haber desplazado al grupo que por 16 años mantuvo el control de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), durante la renovación de la directiva de a principios de año, si no se investiga la presunta corrupción que ha comenzado a asomar como un déficit financiero de más de 600 millones de pesos.
Hace unos días, el rector Guillermo Narváez Osorio anunció un plan de austeridad que incluye el recorte de al menos 20 días de aguinaldo para casi cinco mil trabajadores, debido a la mala situación financiera en que se encuentra, lo cual fue rechazado por la base trabajadora.
La tabasqueña se encuentra entre las 11 universidades públicas a las que el gobierno federal les negó un rescate financiero.
Y es que en los últimos tiempos el gobierno estatal ha destinado sumas millonarias para garantizar los pagos de fin de año, aunque para que este 2020 el mandatario Adán Augusto López Hernández ya declaró la imposibilidad de otorgar más recursos.
En febrero de este año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que podría embargar las cuentas bancarias de la institución por un adeudo de 620 millones de pesos por concepto de impuestos no cubiertos por contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).
En ese contexto Narváez Osorio aseguró que si no tenía apoyo para sanear a la universidad, tiraría la toalla.
A raíz de ese posicionamiento, al ex presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se le ha desatado una campaña de desprestigio en redes sociales, que va desde acusarlo de cobrar más que todos en la institución, mostrándose un tabulador salarial aprobado por el consejo universitario que, en realidad, evitará derroches al prohibirse los doble-sueldos.
Pero también se han iniciado ataques contra las voces que se han sumado a la postura del rector de llevar a la cárcel a los responsables del saqueo.
La maestra Leticia Romero Rodríguez, catedrática de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades (DACSyH), ha estado identificando a los presuntos responsables del saqueo.
El pasado martes, escribió en su cuenta de Facebook:
“Así nuestro director de la DACSYH, Fernando Rabelo Hartman, sobrino político de Candita Gil, quien me reclama replicar un twitter donde su esposa sale de exitosa empresaria.
“Como es su costumbre, amenaza, injuria, señala, porque así se acostumbraron todos ellos.
“Se le olvida que a mí él si me hizo daño cuando se sentía protegido por la mafia que quebrantó la UJAT, donde el fungió como abogado general.
“Para golpearme, como lo hicieron, alteró mi salario (en las fotos que subo demuestro los tabuladores que el mismo Rabelo publicaba y tres oficios donde ponen diferentes montos), me expuso ante sicarios, me persiguió para saber si tenía algo que exhibir en mi expediente.
“Para que la prensa dijera que yo ganaba millones, le sumaron a mi salario un premio al desempeño, el monto de las vacaciones y prestaciones por 37 años sin restar las deducciones, como tuvieron que reconocer en otro oficio, después de obligarlos a contestar (…)”.
Esa batalla entre el equipo de Candita Gil Jiménez, que por ocho años mantuvo a José Manuel Piña Gutiérrez, y las nuevas autoridades, será de pronósticos reservados.
Que a nadie le extrañe si de pronto las balas comienzan a sonar, como ha sucedido en otras universidades en las que las mafias se niegan a perder canonjías.
¿Se dejará solo a Narváez para que dimita?
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