El caótico problema del agua potable en Villahermosa ha comenzado a impactar en la imagen de la alcaldesa Yolanda Osuna Huerta, con el agravante de que se le busca hacer responsable de un conflicto añejo que debe adjudicársele a la clase política de Tabasco que piensa en elecciones, no en la comunidad.
Cuando no lleva ni un mes en el cargo –su gestión arrancó el 5 de octubre–, la exsecretaria de Cultura ya está siendo criticada por el aprieto que enfrenta la población del municipio de Centro ante la falta de agua por la falta de mantenimiento en las plantas potabilizadoras.
Un par de meses atrás, ante los ojos de la opinión pública, el culpable de esta situación era el exedil Evaristo Hernández Cruz, al igual que en el trienio pasado lo fueron Gerardo Gaudiano Rovirosa y Casilda Ruiz.
Si en esta administración no se soluciona o al menos “se resuelve a medias” tan espinoso tema, quien le suceda a Osuna será incriminado del desbasto del líquido, un problema que no tiene solución a simple vista.
Por la experiencia en la administración que tiene Osuna y –sobre todo– por su perfil de funcionaria sin aspiraciones políticas, se esperaba que apenas tomara posesión nombrara alguna comisión de especialistas para realizar un estudio que arrojara luz sobre el asunto.
¿Por qué se necesita un equipo interdisciplinario que busque las soluciones que no han encontrado los políticos en los últimos años?
Desde el punto de vista de la política no se puede zanjar la crisis del agua potable: ningún partido estando en el poder ha querido asumir la tarea constitucional de obligar al ciudadano a cumplir con su responsabilidad de pagar el servicio.
Peor aún: nadie se ha atrevido a cobrarle al consumidor lo que cuesta producir un metro cúbico de agua potable, pues algunos cálculos consideran que el coste a la ciudadanía es de apenas el 10 por ciento del valor real de potabilizar ese elemento; esto es, el 90 por ciento de la tarifa de agua potable en Centro está subsidiado por el gobierno municipal.
Además, del 100 por ciento del líquido potabilizado, cerca del 50 por ciento se desperdicia en el trayecto de las plantas potabilizadoras a los hogares, toda vez que la red de suministro está colapsada.
Los habitantes de Centro, que además de consumir agua casi regalada, en su mayoría no pagan el servicio (solo la tercera parte del padrón está al corriente) y tienen una cartera vencida cercana a los 500 millones de pesos.
¿Qué pasaría si de pronto las autoridades decidieran cortarles el servicio a los usuarios morosos?
¿Cómo reaccionaría la población si de pronto les anunciaran que se va a dejar de subsidiar el agua potable y los ciudadanos van a pagar 14 pesos por metro cúbico en vez de los 88 centavos que actualmente “contribuyen”?
¿De qué tamaño sería la respuesta social si la comuna diera a conocer que tendrá que “privatizar” el servicio de agua potable porque carece de los más de 12 mil millones de pesos que necesita para volver a instalar la red de suministro, así como el drenaje pluvial (que no existe) y el sanitario?
¿Quién puede hacerle entender al ciudadano que “no pagar” agua y luz por razones de política partidista no abona al bien colectivo?
Por todo eso se considera que no se vislumbra una solución, a menos que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quiera invertir los miles de millones requeridos, como pago por “anidar” en la mente de los tabasqueños la cultura del “no pago”.
