Cuanto ya todos creían que por segundo año consecutivo el exmandatario Arturo Núñez Jiménez y su esposa Martha Lilia López Aguilera no serían molestados por las autoridades y que el caso de ambos prácticamente estaba archivado, el gobernador Adán Augusto López Hernández ha lanzado una acusación muy seria en contra de la pasada administración.
No es que la imputación la haya hecho directamente en contra del perredista, sino que la gravedad del señalamiento implica, o debería implicar, a quien fue el jefe directo del titular de Finanzas, dependencia donde se desarrolló el acto denunciado por el Ejecutivo local.
La imputación efectuada hace un par de días por López Hernández refiere que en el gobierno de Núñez funcionarios cobraron “hasta el 30 por ciento” a proveedores por liberarles pagos atrasados.
Por esas conductas delictivas ya hay denuncias presentadas por empresarios, aunque no todos presentaron los procedimientos respectivos, expuso.
“La administración pasada se la pasó diciendo que no le iban a pagar a los proveedores y que si querían que demandaran (…). Se presentó voluntariamente un proveedor a presentar una denuncia en contra de un funcionario de la administración anterior, en donde prueba cómo, para pagarle sus facturas, le pagó al funcionario en efectivo en la caja fuerte del banco el 20 por ciento del monto. Y así como ese hay varios casos”, refirió.
El gobernador rehusó dar los nombres de los ex servidores públicos involucrados, pero reveló que un proveedor le dio seis millones de pesos a un exfuncionario, quien se molestó con él por “no entregar completo” el soborno.
Según contó, el que recibió los seis millones en efectivo le reclamó al empresario 50 mil pesos que hacían falta en el “moche”, cifra que tuvo que volver a cubrir.
López Hernández señaló que en la gestión de Núñez hubo funcionarios que cobraron hasta el 30 por ciento a los proveedores para liberarles sus pagos.
Una orden para pagar a empresarios que aceptaban la corrupción necesariamente debió salir del más alto nivel de la Secretaría de Finanzas, la cual estaba a cargo de Amet Ramos Troconis, primo de la esposa de Núñez.
Nadie más que el pariente de Martha Lilia López Aguilera poseía la autoridad para liquidar deudas a empresarios que daban “comisiones” de un porcentaje de la facturación.
Sobra decir que desde que Núñez empezó a tener responsabilidades en la administración pública, Amet Ramos se convirtió en una suerte de tesorero de la pareja, dada la consanguineidad con Martha Lilia.
Esa maraña de complicidades no debe descartarse a la hora que las autoridades desahoguen las pruebas que presentaron los afectados.
Es posible que la justicia no alcance a los Núñez, pero la imputación de Adán Augusto al perredista pondrá a este en el ojo de la tormenta política.
Esto es, aunque la decisión del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, sea cubrirle las espaldas al matrimonio, la revelación del gobernador crispará a la opinión pública y alimentará los reclamos de justicia, que se enlazarán con las elecciones del año próximo.
Por lo pronto, muchos creen que se estaría gestando una especie de insurrección criolla contra la orden de Palacio Nacional de no castigar al político tabasqueño surgido de lo peor del priísmo.
O también estaríamos ante la versión local del episodio que libra AMLO contra el pasado: Núñez sería para el régimen de Tabasco el Enrique Peña Nieto de López Obrador.
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