Se debe hacer un mejor análisis de designación del presupuesto con base a proyectos con sinergias a nivel municipal, estatal y nacional.
En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que es el documento en el que el Gobierno de México articulará sus objetivos y estrategias para atender los problemas prioritarios e impulsar el desarrollo, tiene buenas intenciones, pero es inconexo, contiene mucha retórica y poca sustancia técnica. Carece de lineamientos consistentes en materia económica, tiene omisiones en materia ambiental, cambio climático, protección civil, ciencia y tecnología. No recoge el aprendizaje internacional en temas como sociedad del conocimiento y gobernanza.
Es lamentable que México no esté apostando por una financiación clara para la mitigación climática y siga favoreciendo la dependencia a los combustibles fósiles. Por si fuese poco, en 2019 el gobierno federal redujo el presupuesto contra el cambio climático de 61 a 39 mil millones de pesos.
Hasta 2018, México apenas había invertido 8% del capital financiero para mitigar el cambio climático al que se comprometió al entrar en el Acuerdo de París y según el presupuesto de este año, la cifra disminuye. Pues para implementar acciones de mitigación y adaptación en el periodo 2014-2030 se requiere una inversión de 126 mil millones de dólares -casi 8 mil millones anuales- hasta el momento solo se han aportado 10 mil 146 millones.
Esta disminución de recursos públicos de cara a la actual crisis ambiental que vive el país es una violación a los derechos humanos. Si bien tenemos Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas en materia de medio ambiente, la agenda ambiental tiene un gran rezago legislativo, prueba de ello, es que el derrame de ácido sulfúrico de Grupo México en Guaymas, Sonora, exhibió a las autoridades en la urgencia de elaborar protocolos para evitar derrames tóxicos.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales debe asumir con mayor atención que la agenda ambiental debe ser más importante en este momento y los gobiernos estatales reclamar presupuesto, con sustento técnico. El presupuesto de medio ambiente y protección civil este año se ha reducido más del 50 % en Tabasco.
Desde el gobierno de Andrés Granier, Tabasco carece de un programa estatal de acción contra el cambio climático. Además, no tenemos un Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación y de Monitoreo y Evaluación de las agendas sectoriales de cambio climático, que permita evaluar de manera periódica, transparente y confiable el cumplimiento de políticas climáticas en la entidad.
Por si fuese poco, no hay un Atlas de Riesgo vigente en el estado ni en los municipios. No se cuenta con ningún instrumento municipal en los 17 ayuntamientos de acción contra el cambio climático y las áreas responsables del tema ambiental municipales y estatal, son elefantes blancos con recursos técnicos y financieros limitados.
Hay un Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, pero no incluye especialistas en medio ambiente y miembros reconocidos de la sociedad civil, que puedan realizar aportaciones y opiniones para enriquecer los trabajos en la mitigación y adaptación ante los efectos adversos del cambio climático en Tabasco, lo que representa un riesgo muy grave y reto único para la economía con un alto costo social.
