Estados Unidos (EE.UU.) y Canadá denunciaron al gobierno de México por la presunta violación al Tratado entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC) debido a posibles “políticas energéticas discriminatorias”, colocando a nuestra nación frente a un riesgo comercial de gran escala porque el riesgo de penalización es altísimo.
Las políticas energéticas estatistas de Andrés Manuel López Obrador son violatorias del T-MEC y México se comprometió a cumplirlo cuando el presidente firmó el tratado; es falso que el sector energético está excluido como afirma el titular del Poder Ejecutivo.
Hay que precisar que en procesos de inversión existe el principio de transversalidad. Es decir, hay reglas generales que se aplican a toda la inversión, por parejo, excepto lo que está explícitamente excluido en la ley, siendo el caso del T-MEC, por lo que el tema energético no está excluido. Por lo cual, las inversiones en el sector se tratan igual que en cualquier otro y aplica para competencia, para trato igual a las empresas, que es donde ha fallado el gobierno mexicano, al dar preferencia a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
¿Qué reclaman EE.UU. y Canadá a México? Para ponerlo en claro las razones del inicio del mecanismo de consultas del T-MEC son cuatro: 1) La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) para dar preferencia a una empresa que es CFE, generando el reclamo de la violación al capítulo 14, de inversión, y el 21 de reglas de competencia de este tratado comercial; 2) Bloqueo a inversiones de privados que cumplen con la ley, mediante bloqueos de permisos y proyectos que ya están listos para operar - tanto de centrales eléctricas renovables como terminales de almacenamiento de hidrocarburos-, por el Gobierno de México; 3) El permitir solo a PEMEX ofrecer en el mercado diésel alto en azufre, cuando a todos los demás se obliga a ofrecer diésel ultra bajo en azufre (UBA), lo que sería violatorio del capítulo 24 del T-MEC, de protección al medio ambiente y dar una ventaja competitiva indebida a PEMEX, a pesar que, hay una norma que ordena que en el mercado solo haya diésel UBA y; 4) La política de transporte de gas, para que únicamente PEMEX y CFE puedan importar el gas natural hacia México y que como todo monopolio afecta a la competencia y a todos los consumidores directos e indirectos.
Si bien, a pesar que el pasado 7 de abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por un grupo de senadores, en contra la LIE y que la mantiene vigente al no alcanzarse la mayoría calificada de 8 votos sobre 11 para declarar inconstitucional la reforma del 9 de marzo de 2021 y que es una de las razones del inicio del mecanismo de consultas del T-MEC, es importante señalar que los juicios de amparo interpuestos ante los Juzgados de Distrito continuarán su curso legal, y la suspensión de los actos reclamados otorgada en dichos juicios, continuarán teniendo plenos efectos legales, salvo que sean revocadas o modificadas por un Tribunal Colegiado de Circuito.
EE.UU. y Canadá argumentan que México ha violado el trato equitativo a todas las empresas del sector energético. Al pedir consultas de arbitraje con México, EE.UU. y Canadá, admiten que fracasó el diálogo diplomático. A partir de la presentación de la consulta, ambos países tienen setenta y cinco días para llegar a un arreglo o el tema se iría a un panel en el que representantes de los tres países tomarían una decisión.
La integración de un panel arbitral es un mecanismo previsto en el T-MEC para la solución de controversias. Si el panel determina en contra de la LIE, que es el origen de la controversia, además de las multas, México tendría que resarcir el daño de esta disputa. ¿Qué podría pasar? Primero podría terminar la aplicación de dicha legislación en el país, lo que implicaría que el gobierno mexicano derogue todo lo que ha legislado en contra del tratado y que lleve a cabo acciones para corregir lo indebido.
En caso de no hacerlo, EE.UU. y Canadá como partes del acuerdo podrán imponer sanciones al país, como aranceles o multas, previstos en T-MEC. Esto afecta a todos, no es solo asunto de inversiones extranjeras, porque esta controversia impactará negativamente a las exportaciones de México con aranceles a productos mexicanos: el 84% de las exportaciones del país van a EE.UU. y Canadá.
Imaginemos que un producto mexicano tenga que pagar un arancel para poder ser comercializado en EE.UU., por ejemplo. Al tener que competir con los productos locales, tendrá la desventaja de un precio más alto. Entonces, se prevé una disminución en las exportaciones de los productos mexicanos y eso significaría caída de empleo, de ganancias o de calidad del propio empleo en el país.
Políticamente, López Obrador está buscando capitalizar este conflicto rumbo a las alecciones de 2024, enfrentando a los “buenos” de la autodenominada Cuarta Transformación y sus aliados, contra los “malos” impulsores del imperialismo yankee.
El problema es que si López Obrador insiste en su política energética y el procedimiento de solución de controversias no se resuelve habría paso a una acción judicial por parte de EE.UU. y Canadá contra México.
La respuesta que dio López Obrador con la canción 'Uy qué miedo' del músico tabasqueño Francisco José Hernández Mandujano, más conocido como Chico Che, al hablar en la mañanera del 20 de julio, sobre la solicitud de consulta de Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC, es negligencia, porque el posible castigo es para las futuras generaciones, por las sanciones económicas que implicarían. No debe minimizarse, podrían judicializarse más de 150 mil millones de dólares que tendría que indemnizar México a EE.UU. y Canadá, y que pagarían los próximos gobiernos, dañando a las empresas del país y a la economía de las familias mexicanas.
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