Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) de las 32 entidades federativas, son clave en el sistema democrático de México. Son las instituciones encargadas de organizar los comicios para la renovación de los gobernantes y representantes, bajo los principios rectores de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad.
La última reforma electoral de 2014, generó un nuevo modelo que si bien, mantuvo la esencia del modelo federalista, centralizó las funciones del modelo electoral mexicano a través de un esquema híbrido con atribuciones concurrentes entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los OPLES.
A pesar de la rectoría del INE sobre los OPLES, las lógicas locales, vicios institucionales y administrativos han prevalecido, de tal modo que son problemas vigentes. Por ello, hoy los árbitros electorales, a nivel estatal, son cuestionados por la ciudadanía, por excesos y, en algunos casos, falta de legitimidad.
La lógica de gobiernos es simple: que los consejeros electorales jueguen acorde al pensamiento del partido en el poder y sus intereses. En este contexto, se da la renovación de tres consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT).
De cara a las elecciones intermedias de 2021, gobiernos de MORENA en Veracruz y Tabasco, han impulsado reformas que levantan sospechas en el ámbito electoral para favorecer supuestamente a este partido político.
En Veracruz se pretende sean tres los recursos de impugnación: el Recurso Electoral que procedería contra actos o resoluciones de los Consejos Electorales y del propio OPLE; Juicio de Defensa Ciudadana, que aplicaría en situaciones en que se violenten los derechos de votar y ser votado.
Y uno más, el Juicio Electoral, mismo que se presentaría después de las elecciones y en contra de las resoluciones del OPLE o la nulidad de casillas. Por ejemplo, si el OPLE determina ganador a cierto candidato contrario a MORENA, se podría exigir un juicio en contra de esa resolución, en otras palabras, si pierden podrían tener una nueva instancia para impugnar.
Al igual que en Veracruz, en Tabasco se aprobó la desaparición de los Consejos Municipales Electorales del OPLE, a fin de que, durante el proceso electoral para renovar a los alcaldes de los 17 municipios de la entidad, los Consejos Distritales asuman las labores que ordinariamente correspondían a los primeros.
En términos presupuestales, a los OPLES se les destinan abundantes recursos que no son adecuadamente vigilados, sobre los cuales prevalece la opacidad y no se rinden cuentas. Este año al IEPCT se le aprobó un presupuesto de 174 millones 793 mil 230 pesos.
Hay muchos ejemplos, de ejercicio de recursos injustificado y sin reglas claras. No se trata de situaciones aisladas, sino de fallas de diseño legal e institucional que están minando la credibilidad de los árbitros electorales locales a los ojos de la ciudadanía.
Un elemento más a considerar es que dentro de los OPLES –como en Tabasco-, hay consejeros electorales y servidores públicos en áreas clave, que han sido señalados por su cercanía con partidos políticos y en otros casos, hasta son ex funcionarios de gobierno. Es decir, aun con la reforma electoral de hace seis años, nada ha impedido a los partidos políticos mantener presencia e influencia en los órganos clave de decisiones electorales, lo que vicia de inicio cualquier proceso electoral.
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