La llegada de la nueva cepa Ómicron de COVID-19 ha puesto en alerta a la comunidad escolar, en especial a padres de familia quienes temen por la salud de sus hijos. No obstante, la Secretaría de Educación Pública (SEP) insiste en convocar al regreso a clases presenciales en México y la Secretaría de Salud en que no hay evidencia de que esta variante sea más peligrosa que las ya conocidas. Mientras el Gobierno de México insiste en el regreso a clases presenciales de todos los alumnos, tras un año y nueve meses de pandemia, ¿están nuestras escuelas preparadas?
El sistema educativo nacional padece la peor crisis de los últimos cien años, por exclusión e inequidad. Hubo una barrera tecnológica para dar clases de forma remota, millones de alumnos no tenían acceso a Internet en sus casas y de 33.6 millones de personas entre los 3 y 29 años que estuvieron inscritas en el ciclo escolar 2019-2020, de ellas, 740 mil no concluyeron y 5.2 millones de personas desertaron y no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021, por falta de recursos económicos o motivos asociados al COVID-19, de acuerdo a la Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La pandemia del COVID-19 ha dejado un nuevo saldo negativo en materia de educación y que profundiza los rezagos ya arrastrados. A pesar que el candado del semáforo epidemiológico verde, impuesto para el regreso presencial y que han cumplido 28 de los 32 estados en el país, el regreso a clases no ha encontrado la fórmula para materializarse por completo, ya sea por carencias en la infraestructura y capacidades rebasadas en algunas entidades federativas.
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 establece un gasto neto total de 7 billones 88 mil 250 millones 300 mil pesos y en materia educativa, el presupuesto total para educación —el gasto educativo se integra principalmente por el presupuesto de la SEP más los recursos de la función “educación” con recursos en otros seis ramos— asciende a 883 mil 929 millones de pesos, 1.9 % más de lo aprobado en 2021. No obstante, este incremento marginal, el gasto educativo como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) sigue cayendo —representa apenas 3.14 % del PIB nacional—, y es el más bajo registrado en los últimos cuatro años.
El uso político del presupuesto se ha profundizado y los números no mienten, la Beca para Jóvenes Construyendo el Futuro -dirigido a quienes tienen entre 18 y 29 años no laboran y tampoco cursan estudios-, subirá a 5,258 pesos mensuales en 2022 con un presupuesto de 21,696 millones de pesos, pese a las inconsistencias en el procedimiento de selección de beneficiarios, en las metas programadas y en los gastos de operación, así como irregularidades en la entrega de los recursos. En 2022 la SEP ha priorizado las becas Benito Juárez en sus diferentes niveles, en lugar de infraestructura, pues la mayor parte de los recursos que ejercerá para el próximo año estarán enfocados en la entrega de becas, por encima de la infraestructura escolar, para la cual, no existen ni reglas de operación ni mucho menos, presupuesto asignado.
Por tanto, el presupuesto en educación, es un fracaso para niños y jóvenes del país, pues carece de recursos para mitigar el rezago educativo que la pandemia profundizó en el aprendizaje de alumnas y alumnos en el país. Es engañoso afirmar que la bolsa global para educación en el PEF creció 1.9%, pues crecieron las becas, el programa de ‘La Escuela es Nuestra’ —que aún no tiene reglas de operación— y creció el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para los salarios de docentes.
En la actual administración se recortaron 21 mil 982 millones de pesos de cinco programas que eran los más importantes en el desarrollo de capacidades escolares como inclusión digital, convivencia escolar, inclusión y equidad educativa, atención de la educación indígena, atención a población escolar migrante y fortalecimiento de la calidad. Actualmente estos recursos se destinan a gasto corriente para el pago de bienes y servicios personales. Lo que significa desamparo y una violación a los derechos humanos de las niñas y niños, dado que la Constitución plantea el principio de progresividad.
El gasto federal en educación básica se distribuye de la siguiente forma: 83% en servicios personales; 2% gasto de operación; 8% subsidios; 5% otros de corriente y; 2% gasto de inversión. Esto significa que 8 de cada 10 pesos gastados en el sector educativo se utiliza para pagar sueldos y salarios.
Por ello, la actual estructura del gasto educativo plantea insuficiencias para financiar infraestructura, equipamiento, operación y mantenimiento de las escuelas y centros educativos. La infraestructura y equipamiento en muchas escuelas es deficiente, hace falta mayor cobertura y ampliar las opciones en educación media y superior. Sobre todo, con la pandemia de COVID-19 se necesitan recursos adicionales, ya que más del 75% de las escuelas primarias en México carecen de salón de cómputo y biblioteca, y menos del 5% de las escuelas en las zonas rurales e indígenas cuentan con dichas instalaciones. En más del 15% de las escuelas rurales, el profesor no tiene un lugar en donde sentarse.
El gasto público es ineficiente y de impacto limitado en un país que subsiste con tantas carencias sociales y económicas y que enfrenta un escenario de recursos públicos escasos: el sistema educativo enfrenta importantes retos en términos de calidad, equidad y transparencia.
Se estima, que al menos 2 mil 529 millones de pesos destinados a educación presentan irregularidades año con año en México, por las denuncias interpuestas ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Esta suma, equivalente a dos veces lo invertido para capacitar a los docentes en el país y se desvía en gran proporción por la impunidad en el uso irregular que se hace de uno de los fondos públicos más importantes en materia educativa: el FONE, con el que se financia los salarios de siete de cada diez trabajadores de educación básica y normal en el país.
A pesar de los avances en la nómina educativa con el FONE persiste la opacidad y el mal uso de los recursos que se destinan para la educación en el país. Desde 2015, la Federación centralizó el pago de la nómina educativa para corregir irregularidades cometidas en el manejo del fondo por gobiernos estatales. Recordemos los escándalos por posibles actos de corrupción con Ángel Solís Carballo al frente de la Secretaría de Educación en el gobierno de Arturo Núñez Jiménez y que dejase un hueco presupuestal en esta dependencia, cercano a los 4 mil millones de pesos y que curiosamente, ante el dudoso manejo del presupuesto y pese a todas las inconformidades ciudadanas, nunca se solventó.
Durante sus seis años de gobierno, Núñez Jiménez dejó pendientes por aclarar 11 mil 365 millones de pesos a la ASF y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, por irregularidades, en especial, en salud y educación, cifra que casi cuadruplica las observaciones contra el ex gobernador Andrés Granier Melo, quien dejó sin aclarar 3 mil 277 millones de pesos tras su salida en 2012.
Con la 4T incrementó la centralización de la nómina magisterial, pero no han disminuido las irregularidades, ya que no se han fortalecido los mecanismos de rendición de cuentas, ni se ha castigado a los responsables de desfalcos en los estados en materia educativa. No podemos dejar de lado la indolencia por parte de las autoridades que, por omisas, facilitan la perpetuación de los abusos sobre la nómina docente y dan carta libre a la impunidad, a pesar de la normativa en materia de Coordinación Fiscal y General de Educación.
Actualmente, ni el aparato burocrático ni las escuelas están sujetas a un proceso de rendición de cuentas sobre las funciones que ejercen y su desempeño eficiente. No obstante, la federalización del gasto educativo en el país, el equivalente de más del 16% de la nómina educativa en Tabasco presenta irregularidades y no es para menos, pues de un monto aproximado de 7 mil 518 millones de pesos que recibe el FONE al año, más de mil 200 millones de pesos generan observaciones por pagos de sueldos a aviadores, pagos en exceso, entre otros y que no se solventan, haciendo evidente el arreglo de intereses en los gobiernos federal y estatal con líderes sindicales.
Los niveles de educación cayeron en México, pues de las treinta naciones que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el último lugar en las pruebas de aprovechamiento escolar. Adicionalmente, México ha retrocedido en la mayoría de áreas educativas según el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2019 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). A la luz de los resultados del estudio ERCE 2019, México tiene el desafío urgente de implementar un plan de desarrollo del sistema educativo y fortalecer su institucionalidad.
No menos importante, es la asimetría del gasto público en educación. Por ejemplo, en Tabasco solo el 34.5% del presupuesto en educación proviene de recursos estatales, es decir, la mayor parte del gasto educativo es financiado por el gobierno federal. Además, el uso de recursos educativos no está orientado a resultados y no se cuenta con los indicadores más básicos para valorar el efecto de este gasto.
La situación actual de la educación en México es parteaguas para reinventar los modelos educativos del país. Uno de los grandes retos de la educación en el país, es el ofrecer las garantías para el acceso universal a la tecnología e Internet, porque si bien, el regreso a clases presenciales es fundamental, es inaceptable que sea improvisado. En más de un año, las autoridades no han atendido problemas como las brechas de desigualdad educativa, que ha desatado la crisis de abandono escolar.
No se puede improvisar en el regreso a clases presenciales y el futuro de la educación es en línea, a pesar del concepto de educación tradicional en el aula. Por ello y ante la evidencia de la necesidad de establecer políticas que destaquen la importancia del acceso a la educación en todos los niveles y ayudar a reducir la brecha digital preexistente, el gobierno debe gastar mejor e incrementar la inversión educativa. Por ello, el gasto público debe ser eficiente y de impacto, con acciones orientadas a la incorporación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) en el sistema educativo y más aún en este contexto, para dotar de las herramientas indispensables a fin de que estudiantes y profesores le saquen el máximo beneficio a la educación a distancia.
