La falta de certeza jurídica se convirtió en distintivo de la 4T y enemiga de inversionistas y ciudadanos, con polémicas reformas impulsadas por MORENA, abiertamente contrarias a la Constitución Federal y tratados internacionales, fundamentalmente las dirigidas a instrumentar la política nacional en el área energética, concretamente a la Ley de la Industria Eléctrica. a la Ley de Hidrocarburos. a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En Tabasco hemos tenido las controversiales modificaciones a la Ley de Obras para adjudicar proyectos sin licitación, conocida también como “Ley compadre” y que la propia Corte invalidó.
La materia fiscal no ha sido la excepción. La 4T ha realizado reformas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita, al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley de Seguridad Nacional, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas e impulsado la creación de nuevas leyes como la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Las nuevas reformas fiscales de la 4T, además de la militarización de las aduanas, han tenido una fuerte carga penal y por lo mismo, marcados aspectos que resultan inconstitucionales, desconociendo incluso el principio constitucional de seguridad jurídica, buena fe y de presunción de inocencia. Es caro tener un error u omisión en el cálculo del impuesto, pues puede llevar al contribuyente a pagar intereses, recargos o multas, los cuales, pueden representar entre el 150 y 200% del impuesto omitido.
No obstante, el gobierno que prometió ser diferente, acabar con la corrupción e impunidad, ha eludido una reforma fiscal que cobre más impuestos a grandes empresarios. Lo que sí ha ocurrido, es la tendencia de la criminalización de los errores fiscales afectando principalmente a la clase media. A pesar que la 4T ha construido una mayoría legislativa, ha ignorado una reforma fiscal a fondo, que vea a futuro, no solo para buscar únicamente llevar mayor dinero a las arcas del gobierno y proveer mayores recursos para los gastos y programas gubernamentales.
La realidad contrasta al discurso oficial respecto a los principales rectores de política económica en México. La 4T han sido ineficiente en el combate a la corrupción y la impunidad; no ha existido un combate real a la evasión tributaria, sino terrorismo fiscal; no se ha optimizado el ejercicio de los recursos públicos para orientarlos a programas y proyectos con verdadero impacto social y económico; ni reforzado la certeza jurídica. Solo se ha buscado cobrar más impuestos a la planta productiva actual -restando competitividad a las empresas y al país-, por ello las consecuencias se están viendo en la reducción del tamaño de la economía, en la salida de inversiones, en el crecimiento del desempleo y mayor informalidad, desde antes de la pandemia de COVID-19.
¿Qué necesitamos en México para proyectar una mejor versión de la economía a futuro?
1. Una profunda reforma fiscal, orientada a acabar con la informalidad, con metas de reducción bien analizadas por año y los medios para lograrlo.
2. Que todas las Personas Físicas y Morales, paguemos adecuadamente los impuestos que nos corresponden, facilitando su cálculo y sin terrorismo fiscal, como sucede actualmente, donde se criminalizan los errores fiscales: el sistema fiscal mexicano es profundamente injusto con la clase media.
3. Fomentar la confianza de los inversionistas, a fin de que la economía crezca y se genere mayor riqueza, que sea la fuente de mayor recaudación. Se requiere certeza jurídica y es que México está perdiendo atractivo para la inversión extranjera por elevados niveles de incertidumbre por falta de apego a reglas claras y señales confusas de política económica, lo que ha apuntado menor inversión, menor crecimiento y mayor desigualdad y pobreza. Estamos tirando a la basura las oportunidades del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
4. Urge que el gasto del gobierno sea responsable y eficiente. El dinero público no alcanza para hacer despilfarros, como El Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, ejemplos icónicos de este despilfarro. No obstante, de la relativa estabilidad macroeconómica, las finanzas públicas han mostrado ineficiencia en cuanto a la asignación del gasto y señales de debilidad por el lado de los ingresos. Por ello no ha habido crecimiento, inversión, empleo, efectividad de la política social, manejo adecuado de la pandemia y padecemos una inédita crisis de seguridad pública. A pesar de la pandemia la estructura del gasto no cambió, no se llevaron a cabo programas especiales para defender a la población, empresas y empleos, el gasto en salud se elevó de manera raquítica y su gestión ha sido muy deficiente.
Bajo una pretendida austeridad, los supuestos ahorros en el gasto público no lo son como tal, sino subejercicios que son obstáculos a las tareas que hacen funcional a un gobierno. Se habla de un subejercicio cuando alguna entidad pública no ha gastado lo que tenía autorizado para gastar en un ejercicio fiscal y sus consecuencias es que el dinero no gastado debe ser devuelto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), como lo determina la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La SHyCP, entonces, puede redirigirlos los recursos a otros rubros sin ser cuestionada la reasignación.
5. Hay que dar prioridad al desarrollo de sistemas de salud y educación eficientes, de calidad y universales. Entendiendo que no se logra en poco tiempo, pero se debe empezar con miras al corto, mediano y largo plazo con metas medibles, revisables y ajustables, para que las familias puedan aumentar realmente su nivel de vida y bienestar.
6. La Iniciativa Privada no es enemiga del Estado. Por ello, hay que aumentar el porcentaje de la inversión que realiza el gobierno en infraestructura, sumándola, lo que generará millones de empleos.
Lo único que se está haciendo en México es transferencias de recursos condicionados electoralmente a sectores de la población, puramente asistenciales que, si bien representan ingresos presentes para las familias, carecen de mecanismos o incentivos para romper los ciclos de preservación de la pobreza. ¿Acaso desde la 4T quieren más pobres y víctimas de la desigualdad en el país?
