/ martes 16 de agosto de 2022

Asesor Jurídico | La militarización de México

Con todo tipo de violaciones a la ley y a la Constitución, el presidente quien alguna vez hizo campaña contra la militarización de México, ahora quiere militarizar por decreto a la Guardia Nacional (GN), que ya es un tema preocupante de derechos humanos.


El pasado 8 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que por Acuerdo de la Presidencia de la República — asumiendo que no tiene suficiente apoyo para cambiar la Constitución-, la GN pasaría a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) e informó también la reestructuración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El jefe del Ejecutivo ha impulsado la militarización de la seguridad pública en México, a pesar que, durante años de campaña prometió cambiar la estrategia de seguridad y pacificar al país. “No podemos aceptar un gobierno militarista”, dijo López Obrador en 2010, al expresar su inconformidad contra el gobierno de Felipe Calderón por usar al Ejército para suplir las incapacidades de gobiernos civiles. En febrero de 2012, como precandidato presidencial, se comprometió a regresar a sus cuarteles al Ejército en seis meses si ganaba aquella elección federal.

Pero, desde que tomó posesión como presidente — el 1° de diciembre de 2018-, fueron evidentes sus intenciones militarizadoras. Primero, disolvió la Policía Federal y creó la GN, incorporando a militares en sus filas y recientemente, el anuncio del presidente, de que esta corporación quede al mando de la SEDENA y eliminar por completo el mando civil que, en la reforma constitucional de 2019, dio paso a su creación.

Recordemos que el 11 de mayo de 2020, el Ejecutivo Federal emitió un Acuerdo — con dudas sobre la validez de su convencionalidad y constitucionalidad-, donde estableció como plazo el 26 de marzo de 2024, para que las fuerzas armadas se retiren de las tareas de seguridad pública y por el que también se autorizó el despliegue de más de 80 mil militares en las calles del país.

Se interpuso una controversia constitucional a este Acuerdo presidencial, al considerar que el presidente de la República invadió competencias de la Cámara de Diputados y, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue omisa en analizar de fondo, al decidir el pasado 25 de mayo del 2022, la no reasunción de competencia proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, lo que significa que la SCJN no conocería del caso y sería un Tribunal Colegiado, el que resolviese la controversia legal sobre el Acuerdo del 11 de mayo del 2020, emitido por el titular del Ejecutivo Federal, por el que dispone de la Fuerza Armada permanente hasta 2024 para llevar a cabo tareas de seguridad pública, ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Más allá de las consideraciones jurídicas de la inconstitucionalidad de este Acuerdo, al no justificar adecuadamente el Ejecutivo federal el uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales, ni garantizar controles suficientes para limitar su actuación y proteger a la ciudadanía, es preocupante el anuncio del presidente de impulsar una nueva reforma constitucional o mediante un Acuerdo —que sería inconstitucional-, para eliminar por completo el mando civil que en 2019 se utilizó para formalizar las tareas de la GN en la seguridad pública, y así transferir por completo esta corporación a la SEDENA, contraviniendo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Específicamente, la sentencia Caso Alvarado Espinoza y otros contra México, de la CIDH del 28 de noviembre de 2018, establece las condiciones que se deben satisfacer para que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública se considere compatible con el marco jurídico interamericano de protección de derechos humanos y otras sobre los límites a la función militar en los ámbitos de la seguridad pública, la procuración y la impartición de justicia de las sentencias Rosendo Radilla Pacheco contra México (desaparición forzada) y Cabrera y Montiel contra México (detención arbitraria y tratos crueles y degradantes), así como la sentencia de la SCJN mediante la que se resuelve el Expediente Varios 912/2010 (estableciendo que las sentencias condenatorias de la CIDH son obligatorias y los criterios interpretativos contenidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana son obligatorios y orientadores para el Poder Judicial de la Federación).

Incluso Human Rights de Naciones Unidas y Amnistía Internacional rechazan la intención del presidente de profundizar la militarización de México, ahora a través de un decreto para absorber a la Guardia Nacional en el Ejército, ya que los estándares internacionales de derechos humanos señalan que las fuerzas armadas solo pueden ser parte de las tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, subordinada y complementaria a una corporación civil y no militar.

El artículo 21 de la Constitución Política del país, la Ley de la Guardia Nacional y su reglamento interno establecen que ésta tendrá carácter civil y no militar, adscrita a la SSPC. Asimismo, el artículo 129 constitucional establece que en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar y por si fuese poco, de acuerdo con el artículo 90 constitucional, la organización de la Administración Pública está en manos del Congreso de la Unión, por lo que cualquier cambio en la legislación debe ser aprobado por el Poder Legislativo, por ello, pretender incorporar a la GN a la SEDENA a través de un decreto, es ir en contra de la Constitución, porque ningún acuerdo presidencial podría estar por encima de la Carta Magna.

Con la Cuarta Transformación han llegado los militares a áreas clave de la administración federal, como el control total de la operación de las aduanas, puertos y aeropuertos del país a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, además del polémico manejo de fideicomisos, no obstante, la extinción de 109 fideicomisos que financiaban la ciencia, la cultura y la protección de víctimas. Lo mismo la construcción de refinerías, carreteras y corredores interoceánicos.

En este gobierno, los recursos para el Ejército han aumentado más que nunca y lejos de resolverse los problemas, han empeorado, como muestran varios indicadores de organizaciones no gubernamentales. No quiero pensar mal, pero entregar la seguridad pública a los militares de cara a la sucesión presidencial 2024, sin exagerar tendría necesariamente consecuencias nocivas para los derechos humanos y la vida democrática del país. Como dato, en 2020 y 2021, la GN acumuló 350 y 504 quejas respectivamente, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por violaciones a derechos humanos y emplear arbitrariamente la fuerza pública.

Más allá de las consideraciones estrictamente jurídicas, estas decisiones presidenciales de tener una policía militarizada bajo control castrense, son contrarias estándares internacionales en derechos humanos y a la tarea de la construcción de corporaciones policíacas civiles profesionales, capacitadas y equipadas, que se incorporaron en la legislación mexicana y en la política pública del Estado mexicano, desde administraciones pasadas.

El incremento de la inseguridad y la violencia, no se va a detener militarizando aún más la seguridad pública. En cuatro años para brindar los resultados prometidos, el Gobierno Federal no ha cumplido y estás lejos de hacerlo.

Email: memo.arias.tabasco@gmail.com

Twitter: @soymemoarias

Con todo tipo de violaciones a la ley y a la Constitución, el presidente quien alguna vez hizo campaña contra la militarización de México, ahora quiere militarizar por decreto a la Guardia Nacional (GN), que ya es un tema preocupante de derechos humanos.


El pasado 8 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que por Acuerdo de la Presidencia de la República — asumiendo que no tiene suficiente apoyo para cambiar la Constitución-, la GN pasaría a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) e informó también la reestructuración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El jefe del Ejecutivo ha impulsado la militarización de la seguridad pública en México, a pesar que, durante años de campaña prometió cambiar la estrategia de seguridad y pacificar al país. “No podemos aceptar un gobierno militarista”, dijo López Obrador en 2010, al expresar su inconformidad contra el gobierno de Felipe Calderón por usar al Ejército para suplir las incapacidades de gobiernos civiles. En febrero de 2012, como precandidato presidencial, se comprometió a regresar a sus cuarteles al Ejército en seis meses si ganaba aquella elección federal.

Pero, desde que tomó posesión como presidente — el 1° de diciembre de 2018-, fueron evidentes sus intenciones militarizadoras. Primero, disolvió la Policía Federal y creó la GN, incorporando a militares en sus filas y recientemente, el anuncio del presidente, de que esta corporación quede al mando de la SEDENA y eliminar por completo el mando civil que, en la reforma constitucional de 2019, dio paso a su creación.

Recordemos que el 11 de mayo de 2020, el Ejecutivo Federal emitió un Acuerdo — con dudas sobre la validez de su convencionalidad y constitucionalidad-, donde estableció como plazo el 26 de marzo de 2024, para que las fuerzas armadas se retiren de las tareas de seguridad pública y por el que también se autorizó el despliegue de más de 80 mil militares en las calles del país.

Se interpuso una controversia constitucional a este Acuerdo presidencial, al considerar que el presidente de la República invadió competencias de la Cámara de Diputados y, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue omisa en analizar de fondo, al decidir el pasado 25 de mayo del 2022, la no reasunción de competencia proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, lo que significa que la SCJN no conocería del caso y sería un Tribunal Colegiado, el que resolviese la controversia legal sobre el Acuerdo del 11 de mayo del 2020, emitido por el titular del Ejecutivo Federal, por el que dispone de la Fuerza Armada permanente hasta 2024 para llevar a cabo tareas de seguridad pública, ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Más allá de las consideraciones jurídicas de la inconstitucionalidad de este Acuerdo, al no justificar adecuadamente el Ejecutivo federal el uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales, ni garantizar controles suficientes para limitar su actuación y proteger a la ciudadanía, es preocupante el anuncio del presidente de impulsar una nueva reforma constitucional o mediante un Acuerdo —que sería inconstitucional-, para eliminar por completo el mando civil que en 2019 se utilizó para formalizar las tareas de la GN en la seguridad pública, y así transferir por completo esta corporación a la SEDENA, contraviniendo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Específicamente, la sentencia Caso Alvarado Espinoza y otros contra México, de la CIDH del 28 de noviembre de 2018, establece las condiciones que se deben satisfacer para que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública se considere compatible con el marco jurídico interamericano de protección de derechos humanos y otras sobre los límites a la función militar en los ámbitos de la seguridad pública, la procuración y la impartición de justicia de las sentencias Rosendo Radilla Pacheco contra México (desaparición forzada) y Cabrera y Montiel contra México (detención arbitraria y tratos crueles y degradantes), así como la sentencia de la SCJN mediante la que se resuelve el Expediente Varios 912/2010 (estableciendo que las sentencias condenatorias de la CIDH son obligatorias y los criterios interpretativos contenidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana son obligatorios y orientadores para el Poder Judicial de la Federación).

Incluso Human Rights de Naciones Unidas y Amnistía Internacional rechazan la intención del presidente de profundizar la militarización de México, ahora a través de un decreto para absorber a la Guardia Nacional en el Ejército, ya que los estándares internacionales de derechos humanos señalan que las fuerzas armadas solo pueden ser parte de las tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, subordinada y complementaria a una corporación civil y no militar.

El artículo 21 de la Constitución Política del país, la Ley de la Guardia Nacional y su reglamento interno establecen que ésta tendrá carácter civil y no militar, adscrita a la SSPC. Asimismo, el artículo 129 constitucional establece que en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar y por si fuese poco, de acuerdo con el artículo 90 constitucional, la organización de la Administración Pública está en manos del Congreso de la Unión, por lo que cualquier cambio en la legislación debe ser aprobado por el Poder Legislativo, por ello, pretender incorporar a la GN a la SEDENA a través de un decreto, es ir en contra de la Constitución, porque ningún acuerdo presidencial podría estar por encima de la Carta Magna.

Con la Cuarta Transformación han llegado los militares a áreas clave de la administración federal, como el control total de la operación de las aduanas, puertos y aeropuertos del país a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, además del polémico manejo de fideicomisos, no obstante, la extinción de 109 fideicomisos que financiaban la ciencia, la cultura y la protección de víctimas. Lo mismo la construcción de refinerías, carreteras y corredores interoceánicos.

En este gobierno, los recursos para el Ejército han aumentado más que nunca y lejos de resolverse los problemas, han empeorado, como muestran varios indicadores de organizaciones no gubernamentales. No quiero pensar mal, pero entregar la seguridad pública a los militares de cara a la sucesión presidencial 2024, sin exagerar tendría necesariamente consecuencias nocivas para los derechos humanos y la vida democrática del país. Como dato, en 2020 y 2021, la GN acumuló 350 y 504 quejas respectivamente, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por violaciones a derechos humanos y emplear arbitrariamente la fuerza pública.

Más allá de las consideraciones estrictamente jurídicas, estas decisiones presidenciales de tener una policía militarizada bajo control castrense, son contrarias estándares internacionales en derechos humanos y a la tarea de la construcción de corporaciones policíacas civiles profesionales, capacitadas y equipadas, que se incorporaron en la legislación mexicana y en la política pública del Estado mexicano, desde administraciones pasadas.

El incremento de la inseguridad y la violencia, no se va a detener militarizando aún más la seguridad pública. En cuatro años para brindar los resultados prometidos, el Gobierno Federal no ha cumplido y estás lejos de hacerlo.

Email: memo.arias.tabasco@gmail.com

Twitter: @soymemoarias