El 11 de octubre de 1990 nace el Instituto Federal Electoral (IFE) con la función constitucional de organizar las elecciones, después de la polémica victoria de Carlos Salinas sobre Cuauhtémoc Cárdenas, en las elecciones presidenciales de 1988 tras la “caída del sistema”.
Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, las elecciones eran organizadas por la Comisión Federal Electoral, presidida por el titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), que en ese entonces fue el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.
El IFE, que inició sus operaciones en 1990, no lo hizo como institución autónoma, sino como un organismo del gobierno. Aunque en 1994 tuvo por primera vez consejeros ciudadanos, el presidente del Consejo General era el secretario de Gobernación y fue hasta 1997 cuando José Woldenberg se convierte en el primer Consejero Presidente del Consejo General del IFE, ya como órgano ciudadano autónomo de SEGOB y sería este Consejo, el que organizó la elección presidencial del 2000, que ganó Vicente Fox, la primera que perdió el PRI luego de 72 años en el poder.
De la reforma electoral del 10 de febrero de 2014, se transforma el IFE en el Instituto Nacional Electoral (INE), con el propósito fortalecer a las autoridades electorales, de modo tal que no quedaran dudas sobre su profesionalismo e imparcialidad.
En ese entonces se abrió un importante debate sobre si se debían eliminar a las autoridades electorales locales y conservar solo a la autoridad federal, o si se debían fortalecer las atribuciones e independencia de los órganos electorales regionales. Al final no quedó ni lo uno ni lo otro, sino una mezcla de las dos principales propuestas. No desaparecerían los institutos electorales locales, sino para fortalecer a las Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), el nuevo INE haría los nombramientos de sus integrantes, mismos que podrían ser removidos del cargo por faltas graves en su desempeño.
Al final con esta reforma se abrieron más fuegos, con costo presupuestal mayor. Se volvió más obeso el INE, sobrecargado de funciones y responsabilidades, y con 32 OPLES que parecen autónomos, pero que en los hechos dependen hasta en sus funciones más básicas de oficinas centrales y la vulnerabilidad presupuestal frente a gobiernos locales.
MORENA ha anunciado su intención de desaparecer los OPLES y concentrar sus funciones en el INE, argumentando ahorros. Es comprensible el argumento político de tener procesos electorales más austeros. No obstante, para hacer cambios de esta magnitud deben existir diagnósticos claros y precisos, pues es impreciso que, si el INE organiza las elecciones de los estados, éstas se van abaratar. Hasta ahora, no existen estudios que profundicen en el comportamiento del gasto de los organismos de administración electoral a nivel federal y en los estados.
Preocupa la autonomía del INE, cuando el presidente amaga con la narrativa del fraude y autoerigirse en guardián electoral. Él no puede ser el guardián electoral, los partidos que lo apoyan, estarán compitiendo en 2021, donde se renovará la Cámara de Diputados a nivel federal, 15 gubernaturas, 30 Congresos locales y casi 2 mil ayuntamientos. De acuerdo a nuestra Constitución y leyes secundarias, los árbitros de la competencia, son los OPLES, los tribunales electorales locales, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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