/ viernes 4 de octubre de 2019

Alcaldías, ¿más de lo mismo?

Han pasado 12 de los 36 meses que cada presidencia municipal tiene para cumplir sus compromisos de campaña. El balance general sugiere la prolongación del estancamiento en la prestación de los servicios municipales en las alcaldías y la administración de los problemas que se transfieren de un gobierno a otro.

En las últimas semanas, el gobernador, Adán Augusto López Hernández, hizo un recorrido por varios municipios. En la mayoría fue para comprometer inversiones en obras para lo que resta del año, con recursos estatales principalmente. Alguna obra por ahí de pavimentación, de techumbre, rehabilitación o de servicios sanitarios se inauguró.

Lo cierto es que los municipios cuentan con pocos recursos para grandes obras y son ineficaces en la recaudación del impuesto predial (en México representa 0.9 del PIB cuando el promedio de la OCDE es de 5.5) y en servicios de agua, en el caso de los que tienen bajo su cargo esta última operación.

Eso sí, a diferencia de otros sexenios, al menos de 2000 a 2018, etapa en que solían convivir gobiernos emanados de diferentes partidos en los tres niveles, ahora prácticamente todos, en el caso de Tabasco, están bajo la misma bandera, para bien o para mal de sus márgenes de maniobra a nivel municipal, pero a cambio tienen la esperanza de que esa condición les retribuya en más en obras y programas.

Dentro de poco se sabrá, en el caso del municipio de Centro, si en realidad el Palacio Municipal está en tal condición que sea inevitable su demolición por cuestiones de seguridad o puede ser rescatado con trabajos de ingeniería.

A partir del estudio respectivo se verá si vuelve a renacer el proyecto inmobiliario de trasladar la sede municipal hasta la zona de Dos Montes y el debate sobre cuáles otras alternativas serían menos complicadas para el ciudadano, quien debiera ser la prioridad como beneficiario último de cada decisión.

Por lo demás, hay temas ineludibles como una solución definitiva a los problemas de la calidad de agua que se recibe en las casas y negocios, de la eficacia en la recolección de basura, de los inacabables baches y calles en mal estado, del pésimo manejo de los cárcamos y demás deficiencias que parecen no tener fin.

A 12 meses del inicio de las 17 nuevas presidencias municipales, cada habitante tendrá su propia evaluación sobre el impacto que programas y acciones de gobierno a ese nivel ha tenido en su calidad de vida y en su entorno, así como del desempeño que cada alcalde ha registrado en este tiempo para saber si, hasta ahora, han sido más de lo mismo.

HOJAS SUELTAS…

Vaya que el ataque contra Ana María “N” por parte de su ex pareja dentro del Centro de Justicia de Oralidad ha generado controversia no solo por la tentativa de feminicidio y las razones que pudieron originarla, sino por el relajamiento o falta de protocolos más estrictos de vigilancia, además de insuficiente atención posterior al caso que llegó al extremo de una medida cautelar emitida por la CEDH a la Secretaría de Salud y una investigación del organismo de derechos humanos a varias autoridades, cuando se esperaría de un régimen de izquierda mayor esmero en este tipo de casos.


Han pasado 12 de los 36 meses que cada presidencia municipal tiene para cumplir sus compromisos de campaña. El balance general sugiere la prolongación del estancamiento en la prestación de los servicios municipales en las alcaldías y la administración de los problemas que se transfieren de un gobierno a otro.

En las últimas semanas, el gobernador, Adán Augusto López Hernández, hizo un recorrido por varios municipios. En la mayoría fue para comprometer inversiones en obras para lo que resta del año, con recursos estatales principalmente. Alguna obra por ahí de pavimentación, de techumbre, rehabilitación o de servicios sanitarios se inauguró.

Lo cierto es que los municipios cuentan con pocos recursos para grandes obras y son ineficaces en la recaudación del impuesto predial (en México representa 0.9 del PIB cuando el promedio de la OCDE es de 5.5) y en servicios de agua, en el caso de los que tienen bajo su cargo esta última operación.

Eso sí, a diferencia de otros sexenios, al menos de 2000 a 2018, etapa en que solían convivir gobiernos emanados de diferentes partidos en los tres niveles, ahora prácticamente todos, en el caso de Tabasco, están bajo la misma bandera, para bien o para mal de sus márgenes de maniobra a nivel municipal, pero a cambio tienen la esperanza de que esa condición les retribuya en más en obras y programas.

Dentro de poco se sabrá, en el caso del municipio de Centro, si en realidad el Palacio Municipal está en tal condición que sea inevitable su demolición por cuestiones de seguridad o puede ser rescatado con trabajos de ingeniería.

A partir del estudio respectivo se verá si vuelve a renacer el proyecto inmobiliario de trasladar la sede municipal hasta la zona de Dos Montes y el debate sobre cuáles otras alternativas serían menos complicadas para el ciudadano, quien debiera ser la prioridad como beneficiario último de cada decisión.

Por lo demás, hay temas ineludibles como una solución definitiva a los problemas de la calidad de agua que se recibe en las casas y negocios, de la eficacia en la recolección de basura, de los inacabables baches y calles en mal estado, del pésimo manejo de los cárcamos y demás deficiencias que parecen no tener fin.

A 12 meses del inicio de las 17 nuevas presidencias municipales, cada habitante tendrá su propia evaluación sobre el impacto que programas y acciones de gobierno a ese nivel ha tenido en su calidad de vida y en su entorno, así como del desempeño que cada alcalde ha registrado en este tiempo para saber si, hasta ahora, han sido más de lo mismo.

HOJAS SUELTAS…

Vaya que el ataque contra Ana María “N” por parte de su ex pareja dentro del Centro de Justicia de Oralidad ha generado controversia no solo por la tentativa de feminicidio y las razones que pudieron originarla, sino por el relajamiento o falta de protocolos más estrictos de vigilancia, además de insuficiente atención posterior al caso que llegó al extremo de una medida cautelar emitida por la CEDH a la Secretaría de Salud y una investigación del organismo de derechos humanos a varias autoridades, cuando se esperaría de un régimen de izquierda mayor esmero en este tipo de casos.