/ viernes 11 de enero de 2019

Además de tarifas, orden en transporte

Propietario de las concesiones del transporte público, el gobierno del estado, encabezado por Adán Augusto López Hernández, pudo aplazar el alza de tarifas que como manzana envenenada le heredó Arturo Núñez.

Tiene ahora el nuevo mandatario la oportunidad de convertir esta medida coyuntural en una política pública de beneficio integral para usuarios, concesionarios y el propio gobierno.

El Transbús es un desastre. Lo que inició como buen proyecto, incluido el aspecto ambiental, se llevó casi a su extinción en el nuñismo que lo dejó morir pero jamás planteó una alternativa para dar a los usuarios un servicio similar o mejor, al igual que en el resto de las modalidades.

El gobernador Adán Augusto, al plantear el freno al alza de tarifas señaló el establecimiento de una mesa permanente de diálogo con los transportistas. Los discursos, tanto de él como de la titular de Movilidad, Egla Cornelio Landero, se enfocaron al tema de tarifas.

Que habrá, dijeron, un estudio técnico y se escuchará a los transportistas y público usuario antes de aplicarlas.

Sin embargo, además de las tarifas los usuarios esperarían saber qué más habrá porque en el transporte público hay una problemática compleja.

Por ejemplo, saber si unidades de taxis piratas serán regularizadas, en qué número y con qué plazos como requisito de antigüedad en el servicio, verificable por ejemplo en el caso de quienes circulan con amparos y cuentan con señalamientos de pagar o haber pagado cuotas por dejarlos circular.

En los taxis legales hay ya verdaderas chatarras y no les importa incumplir la disposición, que alegan fue temporal, de brindar aire acondicionado.

Falta ver si habrá nuevos requisitos en modelos y especificaciones de las unidades, además del estricto control en la identificación y capacitación de los choferes, en esta etapa de revisión de tarifas.

Sobre el servicio Uber, no regulado pero sí utilizado por brindar, curiosamente, más seguridad que los otros servicios de taxis legales –aunque el taxi plus y el taxi rosa han ganado terreno en el tema de la confianza entre usuarios- veremos si seguirá en medio de persecuciones, tolerancia y clandestinidad.

En las combis, muchas de ellas hay que reconocerlo, de modelo reciente, hay otras con ciclo de vida agotado. Falta ver si se revisará el pago de subsidios para compensar –eso es lo que se dice- las tarifas preferenciales a estudiantes, discapacitados y adultos mayores.

Aquí entra la participación de autoridades en la supervisión, en el caso de la Secretaría de Movilidad y de la Policía Estatal de Caminos, para supervisar y castigar en su caso malas prácticas en las calles pues hay conductores que hacen lo que les viene en gana.

Se desconoce si habrá modificación o adecuación de infraestructura vial, como en el caso de los carriles confinados para el Transbús.

En fin, se requiere saber si el gobierno cuenta con un plan de corto y mediano plazo para construir un sistema de movilidad eficaz y seguro, que puede incluir hasta la participación de nuevos actores con experiencia en el sector.

Un alza a las tarifas es inevitable al tomarse en cuenta el aumento en costos, pero el asunto no puede agotarse en ello sin atribuirles responsabilidades a los concesionarios.

Por lo pronto, el gobernador y sus operadores políticos, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Mario Balcázar Martínez y Egla Cornelio, cumplieron sus encomiendas de diálogo con los transportistas, aunque falta un largo camino si en verdad se quiere meter suficiente orden en ese sector.

Propietario de las concesiones del transporte público, el gobierno del estado, encabezado por Adán Augusto López Hernández, pudo aplazar el alza de tarifas que como manzana envenenada le heredó Arturo Núñez.

Tiene ahora el nuevo mandatario la oportunidad de convertir esta medida coyuntural en una política pública de beneficio integral para usuarios, concesionarios y el propio gobierno.

El Transbús es un desastre. Lo que inició como buen proyecto, incluido el aspecto ambiental, se llevó casi a su extinción en el nuñismo que lo dejó morir pero jamás planteó una alternativa para dar a los usuarios un servicio similar o mejor, al igual que en el resto de las modalidades.

El gobernador Adán Augusto, al plantear el freno al alza de tarifas señaló el establecimiento de una mesa permanente de diálogo con los transportistas. Los discursos, tanto de él como de la titular de Movilidad, Egla Cornelio Landero, se enfocaron al tema de tarifas.

Que habrá, dijeron, un estudio técnico y se escuchará a los transportistas y público usuario antes de aplicarlas.

Sin embargo, además de las tarifas los usuarios esperarían saber qué más habrá porque en el transporte público hay una problemática compleja.

Por ejemplo, saber si unidades de taxis piratas serán regularizadas, en qué número y con qué plazos como requisito de antigüedad en el servicio, verificable por ejemplo en el caso de quienes circulan con amparos y cuentan con señalamientos de pagar o haber pagado cuotas por dejarlos circular.

En los taxis legales hay ya verdaderas chatarras y no les importa incumplir la disposición, que alegan fue temporal, de brindar aire acondicionado.

Falta ver si habrá nuevos requisitos en modelos y especificaciones de las unidades, además del estricto control en la identificación y capacitación de los choferes, en esta etapa de revisión de tarifas.

Sobre el servicio Uber, no regulado pero sí utilizado por brindar, curiosamente, más seguridad que los otros servicios de taxis legales –aunque el taxi plus y el taxi rosa han ganado terreno en el tema de la confianza entre usuarios- veremos si seguirá en medio de persecuciones, tolerancia y clandestinidad.

En las combis, muchas de ellas hay que reconocerlo, de modelo reciente, hay otras con ciclo de vida agotado. Falta ver si se revisará el pago de subsidios para compensar –eso es lo que se dice- las tarifas preferenciales a estudiantes, discapacitados y adultos mayores.

Aquí entra la participación de autoridades en la supervisión, en el caso de la Secretaría de Movilidad y de la Policía Estatal de Caminos, para supervisar y castigar en su caso malas prácticas en las calles pues hay conductores que hacen lo que les viene en gana.

Se desconoce si habrá modificación o adecuación de infraestructura vial, como en el caso de los carriles confinados para el Transbús.

En fin, se requiere saber si el gobierno cuenta con un plan de corto y mediano plazo para construir un sistema de movilidad eficaz y seguro, que puede incluir hasta la participación de nuevos actores con experiencia en el sector.

Un alza a las tarifas es inevitable al tomarse en cuenta el aumento en costos, pero el asunto no puede agotarse en ello sin atribuirles responsabilidades a los concesionarios.

Por lo pronto, el gobernador y sus operadores políticos, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Mario Balcázar Martínez y Egla Cornelio, cumplieron sus encomiendas de diálogo con los transportistas, aunque falta un largo camino si en verdad se quiere meter suficiente orden en ese sector.